Estás en la Universidad y debes entregar el ensayo sobre algún libro. Son las ocho de la noche, te habla tu mejor amigo y compañero de clase: se le olvidó sacar el libro de la biblioteca y a esa hora ya cerraron las librerías. Tú le ofreces “escanear” las páginas que necesita y enviárselas por correo electrónico para salvar la calificación.
Aunque tu intención es buena, las autoridades lo ven como una violación a la propiedad intelectual por copiar una obra sin permiso expreso del autor. Y lo mismo aplicaría si le compartes una canción en MP3 o una película a tu novio, novia o amigos a través de Internet.
El miércoles pasado, el gobierno mexicano firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) que podría convertirte en un presunto infractor por compartir el material, a pesar de que lo tuyo esté lejos de lucrar con el contenido.
El gobierno se adhirió al acuerdo pese a la negativa de internautas, industria tecnológica y legisladores de México. De ser ratificado por el Senado, analistas prevén un aumento en la brecha digital, obstáculos en el acceso a educación y cultura, el encarecimiento del acceso a Internet e invasiones a la información privada.
LA REDACCIÓN DEL 27º
“Una Parte (el país firmante) podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea (ISP) que divulgue de forma expedita al titular de los derechos de autor información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción”, establece el apartado 4 del artículo 27º de ACTA, que es, precisamente, el que marca los lineamientos para el entorno digital.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de su director general José Rodrigo Roque Díaz, dijo en entrevista previa que la intención internacional es proteger la propiedad intelectual, los derechos de autor y combatir la piratería y falsificación de productos, por lo que sólo se perseguiría a los que lucren con la reproducción de las obras protegidas.
Organismos como la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) han hecho llamados para que el artículo 27º sea retirado del acuerdo signado por México.
Pero con la versión del ACTA firmada en Japón por el Ejecutivo, al compartir este material, te conviertes en un presunto infractor, a pesar de que tu intención esté lejos de lucrar con el contenido.
La redacción del documento establece que sólo por compartir las páginas con tu amigo, tu proveedor de Internet podrá otorgar tus datos personales al titular de los derechos de autor si así lo exige, convirtiéndolos además en las autoridades que vigilen el contenido compartido en Internet.
INTERNET, MÁS CARO
Los proveedores de Internet, para evitar sanciones por el incumplimiento del apartado 4 del artículo 27º, deberán gastar en tecnología, recursos humanos y tiempo para monitorear todo lo que fluye en la red.
Estos costos se traducirán en un servicio más caro en México, acentuando la brecha digital por la desigualdad en las posibilidades de acceder a la conectividad. Esto va en contra del desarrollo de las sociedades de la información y el conocimiento, explicó Jonathan Garzón Galván, vicepresidente Jurídico de la Amipci.
SANCIONES, UN MISTERIO
El documento firmado por México reitera en el artículo 27, apartado 5, que “cada parte proporcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas” para restringir los “actos no autorizados”.
La definición de las sanciones dependerá de las leyes secundarias que deberán crearse o modificarse para regular el entorno digital, explicó Roque Díaz, del IMPI. Esto deja la puerta abierta a que las sanciones vayan de la suspensión del servicio de Internet a multas monetarias o incluso la cárcel.
Ya hay un antecedente internacional: el Parlamento de Japón, país depositario de ACTA, aprobó en junio pasado el endurecimiento a una legislación que castiga con hasta dos años de prisión y dos millones de yenes (unos 25,000 dólares) de multa por descargar ilegalmente música, videos o juegos.
VIGILAR Y DEBATIR… DE NUEVO
Antonio Martínez Velázquez, defensor de la autorregulación de Internet y uno de los impulsores de las mesas de análisis ACTA, advirtió que se deberá seguir de cerca el proceso de las negociaciones y su análisis en el Senado en la nueva Legislatura, que arranca el 1 de septiembre, así como llevar a cabo mesas de análisis multidisciplinario, para evitar que se ratifique la adhesión a un tratado internacional que viola las garantías de los ciudadanos y restringe la libertad en Internet.
Esto significa instruir a los senadores electos —como se hizo con la actual Legislatura que rechazó ACTA— sobre el contenido, los alcances y los derechos de los usuarios de Internet, pues será el Congreso de la Unión el que tome la decisión de ratificar la negativa o aprobar la adhesión de México al tratado.
Una de las críticas que de industria, activistas y legisladores como Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, es que las negociaciones de México se han realizado sin transparencia. Desde el 2010, el gobierno mexicano ha mantenido conversaciones al respecto, según cables diplomáticos distribuidos Wikileaks.
Tampoco informó que estaba por suscribir ACTA: el anunció llegó sorpresivamente la noche del miércoles vía IMPI, cuando el embajador de México en Japón, Claude Heller, ya lo había firmado.
Fuente:
@nosetevaolvidar
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