El gobierno uruguayo propuso este miércoles legalizar, producir y distribuir marihuana para desactivar así la violencia asociada al narcotráfico, en lo que constituye una propuesta pionera en Latinoamérica, la región que paga con más sangre la lucha contra las drogas.
El proyecto fue presentado en el marco de 15 medidas propuestas por el gobierno del presidente José Mujica para combatir el incremento de la inseguridad.
Esas medidas incluyen el agravamiento de las penas para los casos de corrupción policial y tráfico de pasta base de cocaína, incremento de las penas a menores que delinquen y planes para aumentar la eficiencia policial, entre otras.
"Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma", dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.
Actualmente hay en el Parlamento tres proyectos de ley de legisladores de distintos partidos para legalizar el autocultivo de cannabis, pero el gobierno desestimó esta opción "para no afectar a los países vecinos ni ser acusados de ser una especie de centro de fabricación y distribución internacional de drogas", dijo el ministro.
Fernández Huidobro estimó que el mercado interno de marihuana representa actualmente un negocio ilegal de unos 75 millones de dólares anuales.
"Por eso nos inclinamos más al control estricto del Estado de la distribución, (y) producción de esta droga", explicó.
"La nuestra no es una idea original, peregrina, es una idea que se viene debatiendo" en el mundo, dijo Fernández Huidobro, anunciando que el país defenderá la legalización en los foros internacionales.
"Va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización (de la marihuana) y la eliminación de la prohibición iniciada en el año 1971 por una errónea decisión del presidente (Richard) Nixon que ha provocado todo este desastre, declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos", enfatizó.
En los últimos tiempos se han alzado voces en Latinoamérica pidiendo la legalización de las drogas como alternativa al combate frontal al narcotráfico que sólo en México ha dejado más de 70.000 muertes desde diciembre de 2006.
Los expresidentes brasileño Fernando Henrique Cardoso, colombiano César Gaviria y colombiano
Ernesto Zedillo, han propuesto en diversos foros que los Estados regulen el consumo, mientras que el actual jefe de Estado guatemalteco, Otto Pérez, ha propuesto discutir la despenalización.
El principal obstáculo a tal apertura es Estados Unidos, gran patrocinador de la lucha antodrogas en la región, aunque en la última cumbre de las Américas, celebrada en abril en Cartagena de Indias, el presidente Barack Obama se mostró flexible al debate.
Obama consideró "totalmente apropiado discutir el tema". "No soy alguien que crea en la legalización, pero sí creo que necesitamos dar más pasos y ser más creativos", dijo.
Por lo que respecta a Uruguay, Fernández Huidobro hizo referencia al incremento de homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes, que consideró "un síntoma claro de la aparición de ciertos fenómenos que antes en Uruguay no existían".
Entre enero y mayo se registraron 133 homicidios en todo el país, lo que representa un incremento de 70% en relación a los 76 casos denunciados en el mismo periodo de 2011.
El 20% de los casos fueron por altercados espontáneos, el 16% por ajustes de cuenta, el 17% por rapiña o hurto, y el 14% vinculados a violencia doméstica.
En Uruguay, con 3,2 millones de habitantes, el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año, lo cual representa unas 128.000 personas, según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas difundida en mayo.
Aunque el consumo de pasta base de cocaína (1,1% de los encuestados) no ha aumentado esa droga es vinculada con el incremento de la violencia en los delitos.
"Queremos (...) tratar de pelear a brazo partido contra el tráfico y consumo de pasta base, que es una de las drogas menos consumidas pero tiene efectos inadmisibles, y además no es droga, se trata de un veneno", dijo Fernández Huidobro.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la propuesta, al igual que otras que requerirán aprobación legislativa, será enviada "a la brevedad" al Parlamento.
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